▷ ¿Cuáles son los principios de la imposición fiscal?

Los Gobiernos, para mejorar la forma de recaudar los impuestos, han establecido cinco principios importantes, tales como:

-Eficiencia económica: asignación eficiente de recursos; algo que sucedería si no hubiera fallos de mercado. La información de los precios provocaría que la producción, el intercambio y la combinación de productos fabricados y vendidos fueran eficientes; y no sería posible mejorar a una persona sin empeorar a otra.

Otro problema es el grado en el que el sistema tributario reduce los incentivos para ahorrar y trabajar y distorsiona decisiones relacionadas con el consumo y la producción. Uno de los ejemplos distorsionadores es el de Gran Bretaña en el S.XVII, donde se estableció un impuesto sobre las ventanas de las casa. Cuantas más tuviera, más impuesto había que pagar. Así pues, aunque ya no exista, la legislación tributaria moderna afecta a las pautas de construcción.

-Sencillez administrativa: los costes de administración deben ser bajos y su cumplimiento fácil y voluntario. Estos costes pueden ser directos o indirectos, que son los que deben pagar los contribuyentes, llamados costes de cumplimiento. Estos se dividen en costes del tiempo que tardan en pagar los impuestos, costes de archivar la información y los costes de los servicios de los asesores fiscales y de los contables. Así mismo, los costes de gestionar un sistema fiscal vienen determinados por tres factores.

El primero es la información que habría que archivar si no hubiera impuestos que pagar. En las grandes empresas se han reducido, y en las pequeñas y a las personas que tienen contratados servicios domésticos se les permite adjuntar a su propia declaración de impuestos la de sus empleados. El segundo factor es la complejidad debido a las disposiciones especiales que tiene la legislación sobre la renta. Los tipos que tiene cada persona y las diferentes categorías de renta hace que se intente desviar a los miembros de la familia que tengan menos tipos impositivos o una renta menos gravada.

El tercero es que gravar algunas categorías de renta puede ser más caro que la de otras.

Se cree que los costes administrativos de los impuestos sobre el capital son mayores que sobre los del trabajo. Por todo esto, el Gobierno tuvo que elaborar complejas reglas para intentar solucionar este problema. Además, los costes administrativos de la recaudación de impuestos en grandes empresas es menor que en las pequeñas, debido a que los costes del impuesto sobre el valor añadido son más bajos que los de un impuesto sobre la venta de las tiendas minoristas.

-Flexibilidad: debe adaptarse a los cambios en circunstancias económicas, que exige modificar los tipos impositivos. Los impuestos sobre la renta tienen una estabilización automática cuando los precios son estables debido a su estructura progresiva. Cuando la economía sufre una recesión hay que reducir los ingresos fiscales para impulsar la economía. Si aumentan los precios en un momento de recesión, aparece la indicación para contribuir en la estabilización.

Existen dificultades políticas para ajustar los tipos, y todas deben contrastarse, aunque suelen realizarse con frecuencia de forma muy sencilla a la vista de las necesidades presupuestarias de los Gobiernos municipales.

Por otro lado, la velocidad con que pueden llevarse a la práctica los cambios de la legislación fiscal y los retardos en la recaudación de los impuestos son muy importante.

Existe el peligro de que si los retardos son muy largos los impuestos se suban en un momento en el que la economía necesita una reducción y viceversa.

-Responsabilidad política transparente: de forma que cada individuo sepa qué está pagando y en qué medida el sistema refleja sus preferencias. El Estado no debe aprovecharse de los individuos que están desinformados. En la tributación se debe saber quién paga y quién se beneficia. Estos impuestos se conocen como impuestos transparentes. A veces el Estado parece que trata de representar erróneamente los verdaderos costes de los servicios que presta, y se intenta convencer de que el coste del Estado es menor de lo que realmente es.

En el caso del impuesto sobre la renta de sociedades no es transparente porque no se sabe exactamente quién lo paga, y son las personas, no las instituciones. Son los accionistas, los trabajadores y los clientes quienes soportan la carga del impuesto. A pesar de ello, sin este impuesto no se gravarían los beneficios de una empresa hasta que se distribuyeran.

Con la globalización, las empresas han conseguido eludir el pago de los impuestos. Una estructura políticamente responsable también es aquella en la que los impuestos varían por la legislación y en la que los Gobiernos deben recurrir a los ciudadanos àra ver si están gastando mucho o poco.

-Justicia: a la hora de tratar a los diferentes individuos, de forma similar a los que están en una situación similar y obliga a pagar más a los que pueden soportar mejor la carga impositiva. Así, los sistemas fiscales comienzan por su falta de equidad. Existen dos tipos:

-Horizontal: tratar a los individuos que son iguales en todos los aspectos relevantes reciben el mismo trato, aunque hay muchos ejemplos en los que el sistema tributario trata diferente a las personas que tienen gustos, edades, sexo, etc. diferentes. Si esto significa que hay diferencias económicas, entonces no se cumple el principio de equidad horizontal.

-Vertical: establece que algunos se encuentran en mejores condiciones que otros para pagar impuestos y que deben pagarlos. Esto genera tres problemas: determinar quién debe pagar un tipo más alto, elaborar normas fiscales y establecer cuánto más debe pagar en relación con los demás.

El criterio más empleado para establecer los impuestos fue la renta. Los que la tengan más lata pagarán más impuestos proporcionalmente. Los impuestos debían ser progresivos, por eso se empleó el impuesto sobre la renta, y a la vez se evitan distorsiones relacionadas con la existencia de un elevado número de impuestos sobre diferentes mercancías. Más adelante, este impuesto fue sustituido por el del valor añadido que grava el consumo aunque no era progresivo. Es posible que el consumo sea más justo, ya que mide lo que el individuo obtiene de la sociedad en lugar de lo que contribuye. El realizado durante toda la vida equivale a la renta obtenida a lo largo de toda la vida. Esta última es un criterio más justo que la renta anual.

El consumo/renta de toda la vida es un indicador defectuoso de la capacidad de pago; perjudica injustamente a las personas que deciden trabajar mucho en lugar de disfrutar de ocio; no es un verdadero indicador del conjunto de oportunidades de una persona.

Los impuestos basados en las prestaciones sociales están plagados de dificultades para medir las prestaciones, especialmente en el caso de los bienes públicos puros.

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