El crecimiento económico del periodo de 1815-1840 tuvo un carácter marcadamente agrícola, sobre todo cerealista. En primer lugar, el período 1815-1840 fue uno de los de más crecimiento demográfico de todo el siglo XIX. Este fuerte aumento del número de habitantes se debió, ante todo, al auge de la natalidad, lo que resultaría difícil de explicar en ausencia de una coyuntura económica bastante favorable. La superficie cultivada aumentó considerablemente desde la guerra de la Independencia hasta mediados de siglo.
Otro aspecto, es que a pesar del notable crecimiento de la población y, por ende, de la demanda de labrantíos, la renta de la tierra no recuperó los niveles de 1790, eso fue posible por el fuerte aumento de las disponibilidades de terrenos de labor[1].
El 5 de agosto de 1820 las Cortes prohibieron la importación de cereales y harinas, por lo que pocos años después, el territorio interior era capaz de cubrir el déficit de granos de la periferia y exportar ciertas cantidades e trigo y harina, sobre todo a Cuba.
El aumento de los tributos en metálico en los años veinte y treinta, aunque insuficientes para corregir el fuerte déficit del Estado, obligó a los campesinos a comercializar mayores cantidades de productos agrarios y, por tanto, incrementar sus cosechas.
La formación del mercado nacional de cereales se inició en la segunda mitad de los veinte y avanzó a buen ritmo en las dos décadas siguientes. El coste del transporte terrestre, gracias a la mayor regularidad e intensidad de los flujos de mercancías y a la existencia de retornos, se abarató considerablemente en algunos itinerarios.
La expansión cerealista fue consecuencia, ante todo, de la agricolización de las tierras concejiles derivada de las roturaciones ilegales, de los repartos vecinales de fincas de labor y de la venta de parcelas a censo; esta privatización antes de la desamortización civil de 1855, hizo posible la conversión en terrenos de labor de una enorme superficie de pastizales y de zonas montuosas.
Los factores medioambientales fueron determinantes en las reducidas productividades de la tierra y del trabajo en la agricultura española, casi todos los suelos tenían importantes déficit de nutrientes y de agua, lo que impedía que las nuevas técnicas agronómicas, que eliminaban el barbecho mediante la rotación de cosechas y la aplicación de mayores cantidades de abono por hectárea cultivada, pudieran prosperar en la mayor parte de comarcas de nuestro país.
Por lo que, en la España seca, las vías de crecimiento agrario eran: 1) la extensión de los cultivos; 2) la sustitución de cereales por cultivos arbustivos y arbóreos de mayores rendimientos por unidad de superficie; y 3) la intensificación de los cultivos mediante la irrigación y la aplicación de mayores cantidades de estiércol a los suelos.
El hundimiento del Antiguo Régimen facilitó que el campesinado, a través de ocupaciones, repartos y compras a censo, pudiera acceder a más tierras públicas y extender las labores. El crecimiento agrario en la mayor parte del país se basaba fundamentalmente en la extensión de las labores, sin que la estructura de los cultivos, los rendimientos por unidad de superficie y la productividad del trabajo registrasen variaciones de cierta entidad.
Cambios en el sistema contractual de colonos y arrendatarios, los contratos de arrendamiento surgen de la negociación entre ambos, sin terceras figuras vinculantes, mayor libertada en la contratación; libertad de negociación en los contratos de arrendamiento y un crecimiento de la renta de la tierra.
En el mercado referido a la fuerza de trabajo, se produce un aumento del número de asalariados o jornaleros y, por tanto, una cierta “libertad” de negociación en los contratos de trabajo, aunque la posición negociadora del jornalero, como parece lógico, será de debilidad respecto al propietario o gran arrendatario.
Se empieza a formar un sistema bancario desvinculado del campo, se produce cambios en el mercado de capitales, donde la Iglesia empieza a perder peso y los municipios empiezan a actuar como entidades proveedoras de capital destinado al agro. Surge la figura de comerciante-banquero como alternativa a un sistema bancario desvinculado del agro.
El modelo de contrato de censo consignativo, que se caracterizaba como título de crédito por la concesión de un préstamo cuando era el prestatario cuando decidía la concepción del crédito. Los nuevos prestamistas, crean nuevos tipos de contratos que se adapten a los nuevos cambios que acontecen, a la obligación hipotecaria, debido a una economía más productiva, mayor cantidad de factores.
[1] Terreno arable.