La población de España aumentó algo más de tres millones de habitantes entre 1882 y 1913, con una tasa de crecimiento del 0,56 por 100, muy baja en comparación con el resto de la Europa occidental. Entre 1900 y 1910 resultó mayor, con una tasa del 0,72 por 100.
La distribución por edades revela una casi absoluta ausencia de cambios en las pautas demográficas. Las proporciones de los menores y de los ancianos sobre el total de habitantes no se modificaron prácticamente. Aún así, el tamaño relativo de la población en edad de trabajar (15-64) disminuyó algo, debido, sin duda, a la emigración exterior.
La estabilidad de la estructura demográfica se debe a unas tasas vitales también estables. La tasa de natalidad era francamente alta y sólo mostraba una tendencia descendente en las regiones más avanzadas. La tasa de mortalidad seguía siendo muy elevada y alcanzaba, sobradamente, el valor más alto del occidente europeo. La mortalidad extraordinaria, típica del antiguo sistema demográfico, casi desapareció, aunque la última gran epidemia de cólera, en 1885, todavía causó unas 120.000 defunciones.
Las guerras elevaban la mortalidad catastrófica, las de 1895-1898 provocaron cerca de 55.000 muertes entre los miembros del ejército español y un corto número de bajas civiles.
La principal explicación de los elevados índices de mortalidad reside en la muy fuerte mortalidad infantil, juvenil y femenina. Sólo desde el comienzo del siglo XX se experimentó un descenso decidido de la tasa de mortalidad, que pasó de un promedio anual de 30,5 defunciones por mil habitantes en 1882-1886 a otro, todavía muy elevado, de 22,7 en 1909-1913.
La actividad económica de la población aumentó todavía más despacio que la población en edad de trabajar y mucho más lentamente aún que la población total, disminuyendo la tasa de actividad. La distribución sectorial de la población activa tampoco muestra transformación estructural de ningún tipo. No hubo modificaciones importantes en lo que atañe al predominio masivo del empleo agrario en el total de los activos.
La disminución de la tasa de actividad de la población y la permanencia de dos tercios de los activos en el sector primario sugieren un incremento muy importantes del subempleo y del desempleo encubierto en el campo español. La dotación de capital humano, según los niveles de alfabetización de la población, era francamente baja, aunque experimentaría una mejora gradual.
El escaso crecimiento de la población está relacionado con las difíciles condiciones de vida en el campo y con la importante emigración exterior. La salida de emigrantes creció intensamente a partir de 1882, bajo el impacto de factores de expulsión como la crisis agrícola y pecuaria, y factores de atracción como la fuerte demanda de trabajo de Cuba a causa de la abolición de la esclavitud en 1880 y del crecimiento de la exportación azucarera, y en Argentina, por motivo de la expansión triguera y ganadera.
La evolución de la población total marca pautas regionales muy desiguales. La dinámica de 1877 a 1910 distingue un grupo de regiones septentrionales muy poco expansivas, con Navarra, Aragón, La Rioja, Castilla y León, Galicia y Baleares, y otro de crecimiento intenso, que incluye a las islas Canarias, País Vasco, Madrid, Murcia y Extremadura. Las regiones con menor crecimiento coinciden con las que generaron mayor emigración. Solo Canarias, Cataluña y Madrid tenían saldos migratorios positivos.
Las regiones con elevados índices de calidad de vida estaban en el norte, especialmente Cantabria, Baleares, País Vasco, Navarra y Asturias. Presentaban un reducido crecimiento y producían un flujo de emigración sustancial. Por el contrario, correspondían niveles de vida muy bajos a las regiones meridionales: Extremadura, Andalucía, Murcia y Castilla – La Mancha. Las mejoras en los indicadores de salud, no obstante, aparecen poco relacionadas con el desarrollo económico de las regiones.
A pesar de los innegables avances, la modernización de la población, la sociedad y la economía española aún no se había logrado cuando estalló la guerra civil en 1936. En el período de entreguerras, España era un país en transición demográfica.
Entre 1914 y 1935, las tasas brutas evolucionaron, la natalidad cayó de 29,8 a 25,7; la de mortalidad disminuyó de 22,1 a 15,7; y como consecuencia, el crecimiento natural de la población aumentó de 7,7 a 10,0; también descendió la mortalidad infantil de 151,8 a 109,4. El avance es claro, pero las cifras todavía nos muestran un régimen poblacional atrasado, que no completado la transición demográfica. El movimiento migratorio exterior (transoceánico) tuvo signo negativo entre 1916 y 1930, salvo en 1918 y 1921. La población agraria descendió del 66 al 45% de la población activa entre 1900 y 1930. Los economistas de la época estimaron que, entre 1923 y 1935, la producción agraria descendió del 51 al 40% del PIB, mientras la industrial aumentó del 30 al 34% y los servicios del 10 al 26%.