La reforma agraria liberal tuvo una importancia decisiva en la determinación del crecimiento económico. La disolución del régimen señorial tuvo consecuencias importantes, los campesinos que poseían tierras en enfiteusis/foros, rabassas, censos reservativas, etc., se convirtieron en propietarios; junto al pacto en el que se fundamentó la abolición del sistema señorial de garantizar la integración de la nobleza en la nueva clase terrateniente. En cualquier caso, el resultado fue la confirmación de un reparto muy desigual de la tierra en todo el país.
Los efectos negativos sobre las condiciones de vida de los campesinos y pequeños propietarios fueron intensos, ya que la privatización de las tierras de uso común les privo de recursos (pastos, leña, caza) que, hasta entonces, les habían permitido complementar sus escasos ingresos. Por otro lado, la privatización de los comunales propició la ampliación de la superficie cultivada e implico un notable retroceso de las masas boscosas y la sustitución de las especies forestales autóctonas (encinas y robles) por coníferas de más rápido crecimiento.
La abolición del régimen señorial y la desamortización crearon una clase terrateniente rentista y, en elevadas proporciones, absentista[1]. El predominio de la cesión de tierras en contratos a muy corto plazo y la tendencia al alza de los precios agrarios y las rentas determinaron que la inversión en mejoras agrarias fuera prácticamente nula; en consecuencia, una productividad estancada. La distribución de la propiedad territorial también provocó, condenar a la gran masa de la población activa agraria, los jornaleros, a un bajísimo nivel de renta y a una situación crónica de desempleo estacional.
La expansión de la superficie cultivada desempeñó un papel fundamental en el crecimiento del producto agrario entre 1840 y 1880, y fue posible gracias a las desamortizaciones, especialmente la de bienes comunales. Produjo también, la regresión de las superficies forestales y de las tierras dedicadas a pastos permanentes, limitando enormemente, la subsistencia de las ganaderías tradicional y trashumante, así como a la producción de lana, carne y leche.
Entre las causas de la pobreza agraria, se encuentra que la agricultura dominante, la cerealista, absorbía gran cantidad de recursos (tierra, fuerza humana de trabajo y fuerza de tracción animal), ésta aportaba la mayor parte del producto agrario y explica los reducidos niveles de productividad. La situación se ha intentando explicar atribuyendo la responsabilidad última a las condiciones naturales que se dan en España, debido al clima, no era posible la adopción de un modelo de alternancia del cultivo de cereales y plantas forrajeras, y el consiguiente desarrollo de la ganadería estabulada. Aunque se podría haber llevado a cabo soluciones a estas circunstancias.
El gran problema de la agricultura española del siglo XIX fue la escasa inversión que recibió, tanto de los particulares como del Estado. En lo referente al Estado, sus posibilidades financieras se vieron estrechamente limitadas por la resistencia al incremento de la presión fiscal y al mero cumplimiento de normas fiscales.
Y en lo referente a la inversión privada, la nueva clase terrateniente optó, mayoritariamente, por ceder la mayor, o la totalidad, de sus tierras en grandes y pequeños arrendamientos a corto plazo para poder ajustar la renta a las variaciones de los precios agrarios y de la tierra. En estas condiciones, los campesinos no iban a dedicar ni su esfuerzo ni su dinero a introducir mejoras de las que sabían que no podrían beneficiarse. Y tampoco lo harían los propietarios.
El prohibicionismo y la elevado protección arancelaria después, en el contexto de una constante expansión de la demanda interna, propició que el precio de los cereales experimentara un alza sostenida entre 1850 y 1880, y aún mayor fue la de la renta de la tierra.
Sin necesidad de realizar ninguna inversión, esta agricultura cerealista de bajísima productividad proporcionaba ingresos crecientes a la clase terrateniente, pero condenaba a los campesinos a muy bajos niveles de renta y a un aprovechamiento deficiente de su capacidad de trabajo.
[1] Abandonar desempeño de funciones.