Las limitaciones de la acumulación interior de capitales se vieron agravadas por la lentitud con la que se formó un sistema financiero moderno.
El génesis, una entidad bancaria, el banco de San Carlos, que imitó a su predecesor y estuvo vinculado, casi en exclusiva, a la financiación del Estado, con el objetivo de dar valor a los títulos de deuda. También, existían comerciantes banqueros, pero en ningún caso alcanzan una gran envergadura para financiar grandes obras públicas como el ferrocarril, solo podría el Banco de San Carlos, pero su objetivo no era la financiación privada, sino el servicio al Estado.
En la década de 1840 surgieron las primeras sociedades anónimas bancarias dedicadas a la financiación privada: el Banco de Isabel II en Madrid, y los bancos de Barcelona y de Cádiz; el primero entró en dificultades al poco tiempo y en 1847 tuvo que ser absorbido por el de San Fernando.
La quiebra del Banco de San Carlos es casi absoluta, y se produce una reconversión, llamándose banco de San Fernando por la época de Fernando VII, un banco que tiene por objetivo la prestación de servicios a la Hacienda publica.
Hasta la legislación de 1856 que definirá tres tipos de bancos distintos: una banca de carácter oficial (Banco de España), una banca de emisión con libertad de emitir billetes, crear moneda a parte del Banco de España. Solo se podría crear un banco de misión por provincia, y su objetivo era ampliar la oferta monetaria y dinamizar la actividad económica, disponer medios de pago en el sistema; y una banca inversora (sociedades de crédito), en este caso, las funciones son la creación de todo tipo de empresas de utilidad/prestación de servicios públicos, captar el pequeño ahorro y canalizarlo hacia el préstamo o inversión.
La debilidad del ahorro interno se compensó, en parte, con la entrada de capital extranjero. Teniendo en cuenta, que los inversores internacionales sólo apreciaban tres tipos de activos, la deuda pública, los ferrocarriles y la explotación de recursos mineros.