La dotación minera, minas de hierro, de cobre, de plomo, de mercurio; son una de las más ricas de Europa y con mayor calidad, había una ventaja competitiva en nuestro desarrollo en el proceso industrializador de la España del XIX; a excepción del carbón. El problema, uno de ellos, es la explotación ineficiente de estos activos, debido posiblemente, al marco institucional, la explotación del subsuelo, la propiedad y derecho de explotación ligados a la Corona; bien explotación directo o en régimen de arrendamiento, condicionando en gran medida su desarrollo.
El ahorro interno de España a mediados del siglo XIX estaba determinada en gran parte por la acumulación de capital generada en el sector primario, siendo la agricultura cerealista dominante. Y por lo general, estas rentas acumuladas por la clase terrateniente iba destinada a la tradición heredada del Antiguo Régimen de gastarla en consumo suntuario y servicios domésticos más que en inversión.
La situación era diferente en las regiones periféricas, donde una larga tradición mercantil junto con una agricultura más diversificada, un nivel de comercialización del producto agrario y un notable comercio de exportación de productos agrícolas (vinos, harinas, aceites. Naranjas) propiciaban que el ahorro acumulado en las zonas rurales y el derivado del propio comercio se invirtiera, en alguna proporción, en la financiación del sector industrial y en las grandes empresas que promovieron la construcción de obras públicas tales como ferrocarriles y canales.
El comercio de exportación de vinos y otros productos agrarios a Ultramar y a algunos países europeos generó elevados beneficios que se repartieron entre propietarios, navieros y comerciantes, quienes, en un entorno más dinámico, invirtieron no sólo en la ampliación de sus negocios, sino también en otras empresas y sectores. Estas mismas regiones fueron, además, las receptoras de capitales acumulados por muchos emigrantes (los indianos) que regresaron enriquecidos al país. Tales entradas de capital y el goteo de las remesas más modestas de dinero de los emigrantes contribuyeron a incrementar las disponibilidades de capital y a potenciar la inversión. Pese a ello, las disponibilidades de capital no dejaron de ser escasas.
La debilidad del ahorro interno se compensó, en parte, con la entrada de capital extranjero. Los inversores internacionales sólo apreciaban tres tipos de activos: la deuda pública, los ferrocarriles y la explotación de recursos mineros.
El subsuelo era propiedad del Estado/Corona hasta que se producirá un cambio que va a introducir modificaciones en este sistema de explotación, será un proceso de desamortización que afectará al subsuelo. Con características particulares, ya que lo que se pondrá en venta será, solo, el dominio útil que producirá una afluencia de capitales llamativa, ley aprobada en el año 1868. El capital extranjero será, principalmente, británico, belga o francés. No quiere decir que antes no existía empresas extranjeras explotando recursos en nuestro territorio, de hecho, existían algunas, esta ley lo que hace es hacer más atractiva su explotación, al garantizar la perpetuidad en el uso y explotación a cambio de un pago/renta al Estado, lo que llama la atención al capital nacional y extranjero.
Los yacimientos más importantes terminarán en manos de capital extranjero, acción expoliadora de los recursos nacionales a disposición/a manos del capital internacional; ya que el capital nacional no tenía los medios para adquirir y explotar los yacimientos más ricos.
Un elemento común es el destino de estos minerales, que irán dirigidos a la exportación, extraer y colocar en el puerto y exportarlo, ubicando a España entre uno de los principales países exportadores de cobre, plomo y, hierro vasco, debido al bajo contenido en fósforo. En ninguno de los casos, favoreció el desarrollo de una industria nacional, ya que la mayor parte se destinó a la exportación, y como la mayor parte estaba en manos extranjeras, también se iban los beneficios, produciéndose un expolio de los recursos naturales nacionales.
Los efectos positivos fueron la creación de puestos de trabajo en las cuencas mineras y el incremento de la capacidad exportadora del país. En la medida en que esto permitió aumentar las compras al exterior de materias primas, combustible y bienes de equipo benefició el desarrollo del sector industrial. Además, la inversión de capital extranjero hizo posible que España dispusiera de una red ferroviaria relativamente densa hacia 1880, que contribuyó a abaratar los costes de transporte.
La exportación de minerales y de vinos fueron los grandes protagonistas en las exportaciones en la expansión del comercio exterior español.